La Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra el presidente de la empresa siderúrgica Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y otros dos directivos de la compañía por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio. El juez instructor Francisco de Jorge les atribuye la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMI), fabricante de armamento pesado y ligero, con pleno conocimiento de que el material sería utilizado para la fabricación de armas, según ha informado El Confidencial.
Sin autorización del gobierno
Según la resolución judicial, que este viernes ha levantado el secreto de las actuaciones, la operación comercial se habría llevado a cabo sin solicitar la correspondiente autorización del Gobierno español y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal como exige la legislación sobre exportaciones de material sensible o de doble uso. Esta conclusión consta en un oficio de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional fechado el pasado 10 de septiembre.
El procedimiento judicial se inició a raíz de una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.
Los tres investigados han sido citados a declarar como imputados ante el juez el próximo 12 de noviembre.
Ventas documentadas desde 2024
Según informaciones previas del medio irlandés The Ditch, la empresa vasca Sidenor ya había enviado 1.207 toneladas de acero en cuatro envíos distintos al fabricante de armas israelí IMI Systems desde agosto de 2024. El acero se produce en una planta ubicada en Mataporquera, Cantabria, y había sido enviado desde el puerto de Barcelona con destino a Haifa.
Israel Military Industries es una de las principales productoras de munición utilizada por Israel en su ofensiva militar en Gaza, así como en su ocupación de territorios palestinos. La compañía israelí es conocida mundialmente como fabricante de armamento que incluye subfusiles como el Uzi, fusiles de asalto, ametralladoras y pistolas.
Imputación por crímenes graves: lesa humanidad o genocidio y contrabando
El magistrado Francisco de Jorge considera que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público, tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión como por la calificación provisional como delito atribuida a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional. El juez también cita las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, y por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), entre otras personas y agencias de Naciones Unidas.
A juicio del instructor, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de contrabando contemplado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad de los artículos 29 y 607 bis del Código Penal o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio del artículo 607 del mismo texto legal.
El artículo 607 bis del Código Penal español regula los delitos de lesa humanidad, que comprenden conductas brutales llevadas a cabo como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella”. Por su parte, el artículo 607 establece las penas por genocidio, definido como actos destinados a “destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 considera que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa. Esta sociedad es propiedad de José Antonio Jainaga, quien la constituyó con 3.000 euros en 2016 para adquirir el grupo Sidenor. Por el contrario, el juez entiende que no procede por el momento considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU, dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva. En este caso, el magistrado aplica la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 y la ley española 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción. Esta normativa protege a los informantes, y en este supuesto, según el juez, se cumple en interés de los trabajadores mediante la protección de la sociedad referida, que “no quedará afectada por las medidas cautelares ni tampoco por las eventuales penas” que pudieran imponerse a las personas jurídicas.